Amiche da molti anni, si erano incontrate per prendere un caffè. Una si dedicava ad inchieste sulla corruzione

Due giornaliste strangolate, finite a colpi di pistola, e abbandonate nude in un parco della capitale: l’ultima agghiacciante cartolina che il Messico regala ad una settimana dalla strage al Casinò Royale di Monterrey, mentre il Paese sembra sempre più in preda alla follia della guerra tra organizzazioni criminali. Ed è il bilancio pesante che accompagna il presidente Felipe Calderon oggi in Parlamento, in occasione dell’avvio del suo ultimo anno di mandato.

Secondo la polizia messicana potrebbe essere una rapina il movente dell’omicidio di Marcela Yarce, fondatrice e direttrice delle relazioni pubbliche del settimanale indipendente Contralinea, noto per le inchieste realizzate su casi di corruzione, e di Rocio Gonzalez Trapaga, freelance con un passato come reporter per l’emittente Televisa. Ieri infatti Trapaga avrebbe fatto una consistente operazione in valuta nella casa di cambio di cui è proprietaria. Tuttavia, in un Paese che si è conquistato la maglia nera dell’America Latina per il numero di giornalisti uccisi, 5 su 19 nei primi 7 mesi, in un anno – il 2011 – definito «il più tragico delle ultime due decadi» dalla Commissione per la Libertà di Stampa, non si esclude che all’origine dell’omicidio possa esserci la professione delle due vittime. Già in passato infatti, giornalisti della rivista Contralinea erano stati al centro di agguati e minacce.

Il Messico è infatti uno dei Paesi più pericolosi nel mondo per i giornalisti. Secondo la Commissione nazionale dei diritti umani dal 2000 ad oggi ne sono stati uccisi 74: solo una settimana fa, nello stato di Sinaloa, era stato sequestrato e assassinato l’editorialista politico e direttore del quotidiano on-line “A Discusion” Umberto Millan Salazar. E in questi mesi si è registrato in crescita il numero di quelli che chiedono asilo politico. L’ultimo ad aver ottenuto questo status negli Usa è un cameraman di Televisa Torreon, Alejandro Hernandez. In questo panorama desolante, le organizzazioni sociali e sindacali stigmatizzano il presidente Felipe Calderon, che proprio oggi inizia il suo ultimo anno di governo. Dall’inizio del suo mandato, in cinque anni, si stima infatti che siano state uccise 50.500 persone, anche a seguito della sua strategia militare nella lotta al narcotraffico, che avrebbe provocato una «rottura» nella società, ormai sempre più dominata dalla paura.

El dirigente del PAN sostiene que es la principal línea de investigación en el asesinato del periodista; deudos piden justicia

Culiacán, Sinaloa.- Familiares del comunicador Humberto Millán Salazar llamaron a la unidad al gremio periodístico de todo el país y de Sinaloa para exigir a la autoridad que no quede en la impunidad este crimen.

“Yo pido a todos los comunicadores de México que se unan, que sean solidarios, mi esposo fue solidario, siempre estuvo al frente de cualquier desaparición de periodistas”, exhortó en medio del llanto Eva Obdulia Beltrán Quintero, esposa de la víctima.

Desde la sala 4-A que lucía repleta, la doliente expresó a los presente: “Así como él lo hacía, yo les pido a los periodistas que exijan que se esclarezca y que se haga justicia en nombre de Humberto Millán”.

Ayer, familiares, amigos y compañeros acompañaron a los dolidos en el velorio del periodista, donde le dieron el último adiós.

Berzahí Osuna, compañero de trabajo y amigo del comunicador, advirtió que el compromiso público de los periodistas será exigir justicia a las autoridades hasta esclarecer el lamentable hecho.

Como una forma de solidaridad, los reporteros se situaron por algunos minutos atrás del ataúd con caretas con la foto del rostro de Humberto Millán Salazar.

Luego, por un minuto ofrecieron aplausos en honor y reconocimiento al reportero de temas políticos que fuera ultimado por desconocidos poco después de ser privado de su libertad.

Los familiares del comunicador decidieron cremar el cuerpo de Millán Salazar.

Según familiares, las cenizas fueron llevadas a la comunidad de El Melón para después depositarse en una tumba donde descansa uno de sus abuelos.

>Crimen político. El crimen es político, afirmó el presidente del PAN en Sinaloa, Francisco Solano Urías, sobre el asesinato del conocido periodista Humberto Millán, quien fue localizado sin vida después de haber sido privado de su libertad.

“Aquí no hay manera de confundirse y pensar que hubiera una liga de otra naturaleza, es político el asunto, yo creo que (es) la línea de investigación más clara”, consideró el líder del blanquiazul.

El líder del Partido Acción Nacional en la entidad sostuvo que el gobierno tiene que ser capaz de garantizar el derecho del libre ejercicio del periodismo.

El presidente del PAN calificó a la víctima como un “hombre íntegro” que siempre señaló a los políticos que se deberían señalar por cometer presuntas irregularidades.

Avaló el pronunciamiento del gobernador Mario López Valdez de incluir al régimen político en esta investigación.

>Se suma Relatoría a condena. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato del periodista mexicano Humberto Millán Salazar, el sexto en lo que va de año, y pidió a las autoridades una investigación “exhaustiva”.

Humberto Millán Salazar, de 53 años, director y editor del diario digital A Discusión y periodista del Grupo Fórmula, fue encontrado muerto el jueves con una herida de bala en la cabeza.

La CIDH, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) encargado de velar por el cumplimiento de los derechos humanos en la región, señaló en un comunicado que este es el sexto homicidio de comunicadores en México en 2011, que podrían estar relacionados con el ejercicio del periodismo.

La Relatoría Especial reiteró su preocupación por los crímenes y pidió a las autoridades que tomen medidas “urgentes”, como fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión.

Asimismo, pidió que se trasladen a la justicia federal las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que se requiera.

En ocasiones anteriores, la relatora especial para la Libertad de Expresión, Catalina Botero, ha explicado que este tipo de medidas ayudarían a evitar posibles coacciones a los jueces locales.

También exhortó al gobierno mexicano a poner en práctica adecuadamente los mecanismos de seguridad necesarios para proteger “efectivamente” la vida e integridad de los periodistas amenazados, como indica el principio nueve de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH.

¡¡¡Todos somos Humberto!!!

En la funeraria, los restos del comunicador fueron velados y posteriormente cremados

(Por Rafael González/rafael.gonzalez@debate.com.mx)

“¡Todos somos Humberto!, ¡todos somos Humberto!”, gritaron al unísono periodistas que demandaban justicia frente el crimen cometido.

Después vivieron los aplausos de todos.

En una sola voz, en una sola garganta evidenciaron la unión gremial para reclamar el esclarecimiento del caso y denunciar la falta de garantías para ejercer la libertad de expresión en Sinaloa.

Los pasillos estaban llenos. Las salas repletas de coronas florales y caras largas de dolientes.

La presencia de algunos políticos fue evidente en el lugar. Acudieron en solidaridad a la familia y a un gremio nuevamente ofendido.

Caras tristes. Rostros llenos de dolor eran la constante ante la pérdida de director del diario digital A Discusión.

Uno a uno se situaron detrás de los retos. Usaron un careta con una fotografía de Humberto, y entonces corearon: “¡Todos somos Humberto!, ¡todos somos Humberto!, ¡todos somos Humberto!”.

“Yo pido a todos los comunicadores de México que se unan, que sean solidarios. Mi esposo fue solidario, siempre estuvo al frente de cualquier desaparición de periodistas. Así como él lo hacía, yo les pido a los periodistas que exijan que se esclarezca y que se haga justicia en nombre de Humberto Millán”, gritó con impotencia Eva Obdulia Beltrán Quintero, la viuda.

Entonces personal de la funeraria se llevó el cuerpo para cremarse. “No se lo lleven, por favor no se lo lleven”, suplicó sin poder hacer nada y en un mar de lágrimas, una hija que veía a su padre partir a donde sería cremado.

“¡Ay padre, ay padre!”, sollozaban sus hijos. Lloraban todos la pérdida de un amigo, de un padre, de un compañero, de un profesionista de la comunicación.

Al final, sus cenizas fueron depositadas en un pueblo conocido, cerca de donde viven sus padres.

Arquidiócesis condena crimen de comunicador
La Arquidiócesis Primada de México y el cardenal Norberto Rivera Carrera condenaron el “cobarde y abominable ataque” ocurrido en Monterrey, Nuevo León, que ha dejado al menos 52 muertos.La Arquidiócesis señaló que se trata de un ataque contra personas inocentes de la sociedad civil que se suman a las innumerables víctimas de la crueldad y maldad del crimen organizado que, como un látigo azota a nuestro atribulado país. De igual modo, condena el cobarde asesinato del periodista Humberto Millán Salazar, cuyo crimen debe ser investigado para castigar a los culpables conforme a la ley. La Iglesia exhortó a los fieles para que eleven sus oraciones a Dios por el eterno descanso de los que han fallecido, por el consuelo de sus deudos y la conversión de los criminales, y los exhorta a que se comprometan en los ámbitos que a cada uno compete, para alcanzar la paz y la justicia que tanto añoramos en nuestra patria.

Declaración de Vargas sería ante agentes de la PGR: Malova
El secretario general de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, rendirá su declaración ante la PGJE con la presencia de los agentes especiales de la PGR y el propio Berzahí Osuna, informó el gobernador Mario López Valdez. Explicó que le pidió al funcionario estatal posponer su declaración para esperar al personal de la PGR a fin de evitar posible conflicto de intereses. Osuna, colaborador del diario digital A Discusión, acusó que el asesinato de su amigo fue por cuestiones políticas y pidió que se investigue a funcionarios de la presente y pasada administración, entre ellos al secretario general de Gobierno. “Desde el día de ayer se quería presentar nuestro secretario general de Gobierno a declarar ante la Procuraduría; le dije: ‘No lo hagas porque luego van a decir que cómo es posible que el secretario de Gobierno se presente a declarar en una institución que es de él mismo’”, manifestó. El gobernador se comprometió a realizar una investigación a fondo, que incluye también al exgobernador Aguilar Padilla, con quien se reencontró en el funeral del hijo de Abraham Velázquez. “No platicamos, sólo nos dimos la mano, él me dijo gobernador, yo le dije Jesús, fue todo lo que cruzamos palabra, nos vimos 10 segundos, no fue más y aquí vamos a declarar todos los que se fueron y los que estamos, los que sea necesario”, dijo. López Valdez dijo que hasta el momento desconoce el contenido del video al que hizo referencia Berzahí Osuna y que contiene información que podría coadyuvar en las investigaciones, al igual que un libro.

»Las autoridades hacen lo que pueden frente a la inseguridad»

Aarón Rivas, diputado local del PRI

»Es político el asunto, yo creo que (es) la línea de investigación más clara»

Francisco Solano Urías, dirigente del pan en Sinaloa

»Vamos a declarar todos los que se fueron y los que estamos»

Mario López Valdez, gobernador de Sinaloa

»Percibo un gran coraje, un gran potencial humano que exige un ya basta»

José Alfredo Beltrán, líder de periodistas

Otras agresiones a la prensa
14/dic/04. El periodista de la cadena periodística Noroeste en Escuinapa, Juan Torres, recibe amenazas de muerte de un desconocido.

13/may/07. El reportero de Primera Hora de Culiacán, José Manuel Prieto Mariscal, es víctima de agresiones por militares que participan en la BOMU.

6/may/08. Reporteros de EL DEBATE de Culiacán, Geovanny Elizalde, Torivio Bueno y Leobardo Espinoza son agredidos por elementos de la Policía Federal.

16/nov/08. Secuestran durante 10 horas al comunicador de radio, Nelson Amparán Lara, exigiendo el pago del rescate. Después es liberado.

(AGI) – Mosca, 31 mag. – Il presunto killer di Anna Politkovskaya, il fuggitivo Rustam Makhmudov, è stato arrestato nella casa dei suoi genitori nel distretto ceceno di Achkhoi-Martan, a sudest della capitale Grozny. Trentasette anni, una lunga latitanza alle spalle, l’uomo era da tempo indicato dagli inquirenti come colui che, la sera del 7 ottobre 2006, puntò la pistola contro la reporter della Novaja Gazeta, freddandola con quattro colpi: un omicidio rimasto finora senza colpevoli e, soprattutto, senza mandanti.

“Makhmudov verrà trasferito a breve a Mosca per gli interrogatori”, ha reso noto il portavoce del Comitato investigativo russo, Vladimir Markin.
Il ceceno dovrebbe arrivare nella capitale martedì. La Novaja Gazeta ha salutato con favore l’arresto di Rustom; “con ogni probabilità è colui che ha ucciso materialmente Anna”, ha affermato il vicedirettore Sergei Sokolov. “Il suo arresto servirà a far luce sulla verità”, gli ha fatto eco il direttore, Dmitry Muratov. Ben piu’ fredda, invece, la reazione del figlio della giornalista, Ilya: “anche se il procedimento stabiliràa’ che fu lui ad assassinarla, non sapremo mai il nome di chi ha commissionato il delitto”, ha commentato con amarezza.

Sulla stessa linea d’onda l’avvocato dei famiglia Politkovskaya, Anna Stavitskaya: “il crimine non verrà risolto finché i mandanti non saranno trovati e puniti”. Mentre Rustam si dava alla macchia, per la morte di Anna furono processati per complicità i suoi due fratelli, Dzhanrail e Ibragim Makhmudov, oltre all’ex poliziotto, Sergei Khadzhikurbanov, e all’ex colonnello dei servizi segreti, Pavel Riaguzov. Nel 2009 i quattro furono tutti assolti ma la Corte suprema annullò la sentenza, ordinando la riapertura dell’inchiesta. “Ho sempre detto agli investigatori che era inutile arrestarlo poiché il suo fermo non dimostrerà che è lui l’assassino”, ha commentato l’avvocato della famiglia Makhmudov, Saidakhmet Arsamerzayev. “Mi sembra chiaro che arrestare Rustam non era affatto difficile. Si nascondeva, certamente, ma nondimeno è stato catturato nella sua casa”, ha aggiunto con sarcasmo, lanciando una chiara allusione a presunte complicità che lo avrebbero protetto in questi anni.

La difesa conta ora di smontare la prova regina dell’inchiesta, una ripresa video che mostrerebbe l’assassino mentre entra nel palazzo della Politkovskaya. (AGI).

da “I Siciliani” di Claudio Fava e Michele Gambino

“Nel 1980, il questore di Palermo (Vincenzo Immordino, ndr), uno dei più qualificati collaboratori dell’antimafia, segnalò tempestivamente a chi avrebbe dovuto adottare gli opportuni provvedimenti che un funzionario della questura era venuto meno ai suoi precisi doveri, e che, fra l’altro, aveva dichiarato di non aver fiducia nella magistratura di Palermo” (…).
“Inaudito a dirsi, due anni dopo, lo stesso funzionario è stato chiamato a ricoprire uno dei ruoli più delicati presso l’Alto Commissariato per la lotta contro la mafia, con il risultato che oggi, dopo l’arresto di Ciancimino, tutto è ovattato nel più assurdo silenzio, come se su tutto e su tutti gravasse una sorta di “smog morale” del quale non è prudente smuovere nemmeno le ceneri. (…)”
“In un’interrogazione presentata al senato del comunista Sergio Flamigni, ex autorevole componente della Commissione Antimafia, si legge che un sottufficiale dell’Antidroga aveva consegnato ai suoi superiori un rapporto-denuncia contro don Tano Badalamenti, il grande boss di Cinisi, dall’F.B.I. ritenuto il più grande trafficante di stupefacenti di questi ultimi vent’anni. La denuncia riguardava i colossali investimenti fatti in Spagna dal Badalamenti che aveva riciclato oltre duemila miliardi in palazzi e ville sulla Costa Brava e in un insediamento turistico ad Alicante. Nel rapporto, oltre al figlio di don Tano, figurano come collusi o complici alcuni funzionari della Criminalpol, il vicesegretario di un partito al potere ed un ministro il cui nome compare nei famigerati elenchi della P2 di Gelli”. Sono alcuni passi estratti dalle pagine del libro di Michele Pantaleone, “Mafia: pentiti?”, edito dalla Cappelli, in libreria in questi giorni.
Su almeno uno dei nomi contenuti nel rapporto dell’ Antidroga – a proposito di presunti collusi o complici di Badalamenti – non esistono dubbi: si tratta dell’attuale capo di gabinetto dell’Alto Commissario, Bruno Contrada, all’epoca dei fatti dirigente della Criminalpol palermitana. Ed è sempre Contrada, il funzionario accusato dall’allora questore Immordino di essere “venuto meno ai suoi precisi doveri”. Lo stesso personaggio, infine, che ritroviamo fra i “soldati” arruolati lo scorso anno da Cassina nelle file del Santo Sepolcro: in compagnia dell’attuale capo della squadra mobile Salerno e dell’ex questore Montesano.
Con questi uomini lo Stato promette di sferrare il suo definitivo attacco alla mafia. E merita a questo punto anche di essere raccontato il dopo Cassarà, ovvero ciò che resta delle parole, degli intenti, delle sfide, quando il funerale è finito, e le luci dei riflettori si spengono su Palermo.
Pochi giorni dopo il delitto di via della Crocerossa arrivano da tutte le questure d’Italia settanta agenti, ma quattro li rispediscono subito indietro perché ci si accorge che sono parenti di pregiudicati palermitani. Il Presidente del Consiglio Craxi, intanto, annuncia il trasferimento nel capoluogo siciliano di altri ottocento uomini. In realtà ne arrivano solo quattrocento, fra poliziotti e carabinieri: un centinaio vengono richiamati nei due mesi successivi, e il numero sembra destinato ad assottigliarsi col passare del tempo.
Coronas incontra i poliziotti palermitani e spiega che qualcosa si farà senza dubbio, ma che i carabinieri e la finanza non se la passano meglio, e che comunque sono state destinate a Palermo tre auto blindate (il Siulp ne aveva chieste almeno dieci). In dotazione la questura conserva cinquanta auto-civetta, “ma la metà sono sempre in riparazione, e per cambiare una candela la trafila burocratica dura settimane” ci spiega un giovane sottufficiale.
Su cinquemila poliziotti in organico a Palermo, un terzo è impegnato in servizi di scorta. “Per molti – assessori regionali, presidenti di enti, etc. – quella scorta è soprattutto uno status symbol : di mattina a sirene spiegate per andare a Palazzo dei Normanni, di pomeriggio li incontri da soli, a piedi, in via Roma”, aggiungono al Siulp. “In realtà il problema degli organici è un problema di fondo, in Italia: trentamila posti non occupati per mancanza di uomini. A Palermo, naturalmente, tutto diventa più drammatico”.
Intanto, il ministero ha accolto quasi tutte le domande di trasferimento firmate dai poliziotti palermitani dopo la morte di Cassarà ed Antiochia. Dimostrando in alcuni casi uno zelo eccessivo. Quattro o cinque agenti avevano chiesto di essere mandati in “missione temporanea” altrove per due mesi: alla scadenza sono stati trasferiti definitivamente.

Ninni stava indagando sui soldi di Cassina.

Il funzionario ha l’aria sfatta di chi per prudenza non dorme in casa da un paio di mesi. Parla piano, fissando un punto davanti a sé, sulla scrivania. Niente nomi, naturalmente: “L’omicidio Cassarà è un grande pozzo nero, dentro il quale nessuno vuole andare a guardare. Il motivo c’è: Ninni stava indagando su uno degli “intoccabili” di Palermo; ed era anche convinto che, tra le alte sfere della questura e dell’Alto Commissariato, ci fosse chi controllava da vicino le sue mosse. Per questo Ninni aveva paura”.
Una voce tra mille altre, che il cronista diligentemente appunta. Mai come oggi Palermo è stata tanto impaurita ed insieme tanto loquace: parlano tutti, al bar, nelle stanze della questura, lungo i corridoi del tribunale. Segno di confusione, forse, ma anche di desiderio di catarsi, di pulizia. Orientarsi verso la verità è difficile, ma non impossibile. A poco a poco la trama diventa nitida, e si può tentare di ricomporla sulla carta.
Punto primo. Ninni Cassarà, poco prima di essere ucciso, era stato a più riprese in Svizzera; per collaborare alle indagini della polizia elvetica su alcune ipotesi di riciclaggio di denaro sporco, ma anche per indagare sulle operazioni finanziarie effettuate in quel paese dal più potente degli imprenditori palermitani, Arturo Cassina. Un’inchiesta che andava avanti ormai da quattro mesi e della quale, negli ambienti imprenditoriali di Palermo, si cominciava cautamente a parlare. Se non altro perché nella categoria degli intoccabili palermitani Cassina è sempre stato, fino ad oggi, ai primissimi posti.
La relazione di minoranza della penultima Commissione Antimafia gli dedicava un intero capitolo sotto un titolo inequivocabile: “Cassina e il sistema di potere mafioso a Palermo”. Storie ormai dimenticate che si incrociano con nuove vicende giudiziarie: nel capitolo della requisitoria del maxiprocesso dedicato alle “contiguità” tra mafia armata e settori del mondo politico ed imprenditoriale, il nome di Cassina compare infatti più di una volta, con precisi riferimenti ai suoi rapporti col mafioso Carmelo Colletti.
È probabile insomma che Cassarà, in vista del processo di gennaio, cercasse di andare oltre quei “riferimenti penalmente non rilevanti” contenuti nella requisitoria di Pajno: aveva una pista precisa che portava alla famiglia Cassina, una pista che passava anche per alcuni istituti di credito svizzeri. E Ninni Cassarà aveva iniziato a seguirla secondo il suo stile: metodicamente e silenziosamente.
Punto secondo. Cassina è un personaggio la cui ascesa finanziaria è stata scandita da pesanti sospetti e da inquietanti vicende giudiziarie; eppure tutto questo non gli ha impedito di stringere una fitta trama di alleanze, amicizie e frequentazioni con esponenti del mondo politico e giudiziario: Anche con chi, istituzionalmente, dovrebbe coordinare ogni giorno – in questura, al palazzo di giustizia, presso l’Alto Commissariato – la lotta alla mafia.
Mai come in questo caso i fatti parlano chiaro. Arturo Cassina è infatti il più fervente animatore – col sontuoso titolo di “Cavaliere di Gran Croce” – dell’Ordine del Santo Sepolcro, una istituzione apparentemente anacronistica creata novecento anni fa con l’unico scopo di “difendere il Sepolcro di Cristo” e strettamente collegata nei secoli successivi (come spiega Alberto Cecchi nella sua “Storia della P2″) alla massoneria del rito scozzese, la setta massonica più potente e più torbida.
In Sicilia, il Santo Sepolcro ha ricevuto lustro negli ultimi anni accogliendo nelle proprie file alcuni fra i personaggi più significativi della società palermitana. E ancora oggi i nuovi “soldati” dell’Ordine vengono nominati nel corso di solenni cerimonie che si svolgono nel duomo di Monreale, con tanto di chierichetti, inni sacri, prelati in cotta e fumi d’incenso: i nuovi adepti ricevono dal Patriarca di turno tre colpi di spada sulla spalla, pronunciano la formuletta del giuramento e si portano a casa una serie di accessori tra cui spada, mantello, feluca e speroni.
Un sofisticato ed esclusivo club, anacronistico soltanto in apparenza. Perché in realtà, al di là dell’aspetto coreografico di queste cerimonie d’investitura, l’Ordine del Santo Sepolcro altro non è che un utile punto d’incontro di interessi convergenti. Insomma una sorta di piccola loggia, molto selezionata ed estremamente potente: non a caso vi sono confluiti negli ultimi anni personaggi come il piduista democristiano Vincenzo Carollo (secondo la Procura di Palermo è uno dei politici sui quali la mafia fa abitualmente confluire i suoi voti) o come il colonnello Serafino Licata, coinvolto lo scorso anno nel blitz della magistratura di Torino contro la mafia catanese.
Intuibile il motivo per cui un uomo d’affari pragmatico ed efficientista come Arturo Cassina si impegni così attivamente per “rilanciare” in Sicilia i fasti del Santo Sepolcro. Ed è un motivo perfettamente logico soprattutto se si scorre l’elenco dei personaggi che, negli ultimi anni, l’imprenditore palermitano è riuscito ad irretire in quest’Ordine misticheggiante. Oggi, infatti, sono cavalieri del Santo Sepolcro il capo di gabinetto dell’Alto Commissariato per la lotta alla mafia Bruno Contrada, l’attuale capo della squadra mobile di Palermo Giacomo Salerno e l’ex-questore Giuseppe Montesano (trasferito a Brescia di recente).
I tre funzionari di polizia sono confluiti nella nobile associazione meno di due anni fa, nella medesima seduta di investitura in cui prestarono giuramento – e citiamo solo alcuni fra i nuovi “soldati” – il colonnello Serafino Licata, il suo parigrado Andrea Castellano, il tenente colonnello Giovanni Ferraro (che comanda il gruppo dei carabinieri di Palermo 1), il generale Giuseppe Rizzo, il questore Nicolò Samperisi e il colonnello Natale Viola. Ma se per Cassina è certamente utile stringere rapporti con uomini tanto influenti, è più difficile capire perché tutti questi personaggi trovino opportuno, in una città come Palermo, giurare fedeltà al Santo Sepolcro di Cristo in compagnia di un imprenditore il cui nome ricorre tanto frequentemente nelle vicende di mafia degli ultimi trent’anni di storia siciliana.
Sono i misteri di Palermo. Ed è un mistero (o, se preferite, una strana, inquietante coincidenza) il riproporsi, a distanza di anni, degli stessi scenari. Nel 1979 la trama della P2, ancora inesplosa, avvolge anche la Sicilia. A Palermo c’è Michele Sindona (“trait d’union” fra P2 e mafia) e ai vertici della questura – questore e vicequestore – siedono due piduisti, Nicolicchia e Impallomeni. C’è anche un poliziotto che indaga su Sindona: si chiama Boris Giuliano, dirige la squadra mobile e lo ammazzano con tre pallottole in testa una mattina di luglio, nel bar sotto casa. Sei anni dopo la P2 è al bando ma esiste ancora – è un dato di fatto – un contesto simile (l’Ordine del Santo Sepolcro) che unisce un imprenditore inquisito, Arturo Cassina, ad un questore e a due alti funzionari di polizia. C’è anche un poliziotto che indaga su Cassina: si chiama Ninni Cassarà, dirige la sezione investigativa e lo ammazzano a raffiche di mitra una mattina d’agosto sotto casa.
Un altro dato di fatto è la diffidenza che Cassarà, indagando su Cassina, opponeva all’insistenza con cui qualche collega cercava di seguire il suo lavoro e di ottenere le sue confidenze. E forse proprio in questo clima possono trovare la giusta chiave di lettura una lunga serie di omissioni, ritardi, inerzie accumulate nelle prime indagini di polizia giudiziaria sugli omicidi del vicequestore Ninni Cassarà e dell’agente Roberto Antiochia.
Quelle che seguono alla morte dei due poliziotti sono ore convulse, drammatiche, scandite soprattutto dalla collera dei loro colleghi. Una collera autentica, generosa: ma solo in parte. “Qualcuno può aver soffiato sul fuoco, esasperato gli animi, messo gli uni contro gli altri – ci spiega un sottufficiale della mobile, amico di Ninni Cassarà -. In quel momento, acuire nei poliziotti siciliani il loro senso di solitudine, l’amarezza e lo sgomento, serviva anche a paralizzare la fase più delicata delle indagini.”
Rabbia e solitudine inducono, in quei giorni, più di cinquanta poliziotti a presentare regolare domanda di trasferimento da Palermo. E probabilmente è solo un gesto di collera che induce un funzionario della mobile, collega di Cassarà, a rifiutarsi di perquisire l’ufficio del commissario assassinato. Reazione emotiva comprensibile (“Io non perquisisco la stanza di un amico ammazzato dai mafiosi…”) ma certamente impulsiva: perché cinque giorni dopo la morte di Cassarà. qualcun altro – all’insaputa di tutti – ripulirà armadi e cassetti nella sua stanza. E non certo su incarico dei magistrati inquirenti.
Dopo quelle duecentosettanta pallottole di kalashnikov in via della Crocerossa, molti si fanno più prudenti; ma in alcune circostanze, la cautela viene imposta dall’alto. C’è un appartamento sfitto nel condominio abitato dalla famiglia Cassarà: “ufficialmente” era disabitato proprio nei giorni dell’agguato, ma gli investigatori se ne accorgeranno solo un paio di mesi più tardi. Tempi stranamente lunghi anche nei primi rilievi peritali: i magistrati li dispongono tempestivamente, ma gli investigatori li diluiscono inspiegabilmente nell’arco di alcune settimane. Le impronte nel palazzo da cui i killer aprirono il fuoco contro Cassarà e la sua scorta, ad esempio, verranno rilevate solo diciotto giorni dopo l’agguato.
Si ha l’impressione che, anche dopo la morte, Cassarà resti un poliziotto scomodo: persino per qualche collega. Un poliziotto soprattutto abile: “Prima di lui c’era un vuoto investigativo – spiega l’ispettore Carmine Mancuso, figlio del maresciallo Lenin Mancuso, assassinato sei anni fa dalla mafia insieme al giudice Cesare Terranova -. Certo, si lavorava sodo, ma gli organici dalla mafia che eravamo riusciti a ricostruire erano fermi alla fine degli anni sessanta, alla strage di Ciaculli. Dopo quell’episodio, fra le vecchie e nuove Famiglie molti equilibri erano stati ridisegnati; in questura, invece, eravamo ancora a Luciano Liggio…”
Cassarà ricomincia da capo, individua i casi più delicati, ascolta tutti i pentiti, diventa il più stretto collaboratore del giudice Falcone. In tre anni memorizza migliaia di dati, nomi, fatti, circostanze: un archivio vivente. Un postulato gli premeva soprattutto capovolgere, il concetto di “contiguità”: politici corrotti e mafiosi su piani paralleli ma differenti. Più che di parallelismi, Cassarà preferiva parlare di convergenze, e su questa traccia lavorava da tempo, cercando conferme, prove reali, certezze probatorie; e i primi risultati – Nino e Ignazio Salvo in manette accusati di associazione a delinquere di stampo mafioso – erano arrivati.
Questa precisa ipotesi di lavoro era una delle poche cose che, in questura, i colleghi conoscevano del suo lavoro. Un solitario, forse, ma anche un uomo lucidamente, razionalmente sospettoso: e l’ultima confidenza che regalò ad un collega non siciliano, il giorno prima di essere ammazzato, fu proprio la sua sensazione di pericolo: “C’è un funzionario che mi ha fatto molte domande in questi giorni: troppe offerte di collaborazione, di disinteressata amicizia. Non mi fido: ho paura che mi vogliano fare la pelle…”.
E arriviamo alla “talpa”. Natale Mondo è in galera, accusato – tra l’altro – di essere coinvolto con alcuni esponenti mafiosi in un traffico di stupefacenti. Era l’autista di Cassarà, guardia del corpo del funzionario e del giudice Falcone in più occasioni, e quel pomeriggio in via della Crocerossa fu l’unico a rimanere miracolosamente illeso. È lui, allora, l’infiltrato della mafia? L’uomo che il 5 agosto tradì Cassarà? In questura nessuno ne è veramente convinto, e non solo per l’amicizia che legava Natale Mondo al suo superiore (lavoravano insieme da diversi anni). In effetti, nella presunzione d’innocenza del giovane poliziotto palermitano c’è qualcos’altro:
“Le Famiglie mafiose hanno i loro uomini infiltrati in questura da molti anni. Quella di Natale Mondo, colpevole o meno, è comunque un’ipotesi riduttiva: anche se potrebbe fare comodo a qualcuno per chiudere definitivamente il caso Cassarà. Ma le vere talpe non sono certamente semplici agenti di scorta…”. Il funzionario della mobile non aggiunge altro. Ci prega semplicemente di rispettare il suo anonimato; poi, pacatamente, comincia a dipanare gli ultimi tragici anni di piombo palermitani.
Storie note, definitivamente acquisite alla cronaca, ma sullo sfondo c’è sempre – o almeno si intuisce – la presenza di una “talpa”. O meglio, di un nucleo organicamente collegato alla mafia e utilizzato all’interno della questura come micidiale grimaldello. Il nostro interlocutore la definisce senza mezzi termini un’autentica “cellula mafiosa” la cui prima apparizione risale all’assassinio del capo della squadra mobile Boris Giuliano.
Anche Giuliano è un solitario, come Ninni Cassarà. Ed è anche lui dotato di un infallibile intuito: il ruolo del riciclaggio delle narcolire, la complicità di Sindona, le nuove rotte dell’eroina. Boris Giuliano faceva indagini un po’ anomale, diluite nel tempo, non codificabili; ogni tanto chiedeva un estratto conto da una banca e vi lavorava sopra meticolosamente per settimane. Se aveva una pista, per gli altri era difficile capire quale pista fosse. Fino al giorno della sua morte. Ed anche in quell’occasione, gli archivi del suo ufficio furono frettolosamente e silenziosamente ripuliti; poco o nulla, di quel materiale, arrivò nelle mani dei magistrati.
La certezza dell’esistenza di una talpa prese corpo in quei giorni. Una consapevolezza che si tradusse subito in prudenza; l’anno successivo, la retata che avrebbe portato in carcere quasi duecento mafiosi demolendo l’organizzazione criminale degli Spatola e degli Inzerillo, fu condotta con incredibili precauzioni: il questore Immordino la sera prima spostò tutti gli uomini a sua disposizione nei locali della Celere, ordinò che venissero staccati tutti i telefoni e fece dare false indicazioni sull’operazione da eseguire. All’alba, dieci minuti prima di entrare in azione, furono comunicati i veri obiettivi: quella volta quasi nessuno riuscì a sfuggire alla retata. Quattro mesi dopo la mafia si vendicò assassinando il Procuratore Costa che aveva firmato quegli ordini di cattura.
Poi, nell’estate 1983, il mafioso Sinagra vuota il sacco, e i sospetti si rivelano assolutamente fondati. In questura ci sono tre uomini che fanno il doppio gioco, spiega ai magistrati. E fa i nomi di due sottufficiali, Vittorio Cacciatore e Giovanni Mazziotta. Del terzo dice semplicemente che è un funzionario della squadra mobile: ma lui, il nome, non lo ricorda. I primi due vengono immediatamente sospesi dal servizio, del terzo nessuna traccia. Ne torna a parlare un paio di mesi più tardi il libanese Ghassan: un commissario, forse uno della narcotici, lavora per conto dei Greco: Promette altre rivelazioni, poi qualcuno gli fa capire che è meglio stare zitto, e al processo Ghassan accusa un’improvvisa e definitiva amnesia.
Fino a Beppe Montana. Una settimana prima di morire, guida i suoi uomini in un covo mafioso a Buonfornello. Otto li becca – gente di medio e alto calibro del clan dei Greco – ma “Scarpuzzedda”, al secolo Pino Greco, il più sanguinario killer della mafia palermitana, non c’è. Al suo posto, una tazzina fumante di caffè: “è per lei, commissario”, spiega una donna porgendola a Montana. Pochi giorni dopo, sul molo di Porticello, Beppe Montana viene abbattuto a colpi di Magnum; anche quella sera – come a Buonfornello – qualcuno lo aspettava.
Delle indagini viene incaricato un altro ufficio, ma Cassarà – in silenzio, caparbiamente – vuole sapere chi ha ammazzato il suo amico. Gli restano dieci giorni di vita, e probabilmente li spende bene. Tre kalashnikov dalle finestre del palazzo di fronte, quasi trecento pallottole, una micidiale puntualità nel rispettare tutti i tempi dell’agguato. Una professionalità agghiacciante, eccessiva perfino per i killer dei Greco. Ma il funzionario scuote la testa e commenta asciutto: “E chi ha detto che c’entri solo la mafia?”.

Immagini scattate da Franco Zecchin

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